La Comisión de Hacienda y Crédito Público en San Lázaro aprobó en lo general la Ley de Lavado de Dinero, reservó artículos en lo particular. El PT fue el único que votó en contra, advirtió desaseo en el proceso legislativo y cuestionó la prisa por avalar el proyecto de pre dictamen; el PRI indicó que a más tardar hoy se concluirá la revisión y tipificar el delito, a fin de enviar el documento a la Comisión de Justicia, y ambas voten el dictamen hasta septiembre.
Luego de más de cinco horas de reunión plenaria a puerta cerrada, solicitud hecha por el priista David Penchyna Grub, la Comisión de Hacienda, presidida por Mario Alberto Becerra Pocoroba, avanzó en la revisión de sólo 14 artículos, faltan cerca de 50, pero “no tenemos prisa; nadie tiene prisa, estamos entrando de verdad a fondo y seguiremos trabajando hoy y es posible que también el lunes”, previo el panista.
En esta revisión formal se desechó el artículo cuarto, en virtud, de que convertía en policías a los ciudadanos al perseguir el delito de blanqueo de dinero, además, porque se contraponía con el artículo quinto.
Este viernes por la mañana reanudará sesión ese órgano legislativo, y discutirán todos los grupos parlamentarios en San Lázaro los “puntos medulares de la minuta” tendiente a avanzar en conformar la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Financiamiento al Terrorismo.
Becerra Pocoroba precisó que dicho documento no es de ninguna manera un dictamen, toda vez que la aprobación de éste debe darse en comisiones unidas con la de Justicia.
Lo ideal hubiera sido dictaminar la minuta de forma rápida, pero ello significaba no revisar a profundidad su contenido, mismo que integra aspectos delicados. El acuerdo tomado fue no rechazarla, pero sí de entrar a un análisis mucho más específico.
“En principio lo que vamos a revisar son los umbrales, es decir, el límite de las operaciones financieras, los tipos, entre los más vulnerables y ver si se incorporan o no actividades diferentes a lo que establece la minuta, además se maneja la posibilidad de modificar los fondos y montos”.
Al respecto, el priista Oscar Levín Coppel indicó que no se ha logrado acuerdo en los montos financieros que pudieran considerarse como lavado de dinero, se propone sea un millón de pesos, pero habrá inclinación por los estándares internacionales.
Explicó que aunque son importante los montos en que los particulares estarían obligados a reportar actividades sospechosas, será la frecuencia con que se realicen los movimientos financieros por cierta persona o entidad la que pueda denotar el delito de lavado de dinero.
Si bien se mantiene la obligación de que informen sobre estas actividades personas como notarios y abogados, en las modificaciones que se realizan a la minuta del Senado, se establecen marcos legales más claros.
“Lo que es un paso adelante, empezar a tipificar los delitos, quienes pueden tener estas actividades sospechosas en nivel de repetición, por ejemplo, una operación o dos que se reporten no constituirán un acto de delito, sino la frecuencia con que se efectúan” insistió.
Levín Coppel aseguró que no se violenta el proceso legislativo al haber comenzado los trabajos la Comisión de Hacienda, ya que “el Reglamento lo que dice es que se tiene que votar conjuntamente cuando esté listo el dictamen aprobado, no dice quién hace el primer esfuerzo”.
Por su parte, el diputado del PT Mario Di Costanzo Armenta indicó que votó en contra de aprobar la propuesta de dictamen, ya que correspondía a la Comisión de Justicia elaborar el documento.
Di Costanzo argumentó que el hecho de votar una propuesta implica, meter ruido, meter en un chaleco de fuerza a la Comisión de Justicia, ya que la votación tendría que ser en comisiones unidas. Asimismo destacó que se viola el reglamento de la Cámara de Diputados en los artículos 173 y 174; en cambio, si realizamos un documento de trabajo que refleje las posturas de los legisladores, no tiene que ser votado.
Fuente: El Punto Crítico.
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